Fesal Chain, Sociólogo.
Podría fácilmente seguir el modelo de análisis que tantas veces he defendido y puesto en el papel-práctica. Pero esta vez creo que sería establecer una reflexión en extremo barroca, llena de vericuetos o, valga la redundancia, llena de datos. No es necesario. Todos ya sabemos que en este dominio binominal en el que vivimos los chilenos y chilenas, el poder ha pasado de los menos reaccionarios del socialiberalismo, a los más reaccionarios del neoliberalismo. Es decir, y sólo aquí me quedo con algunos conceptos del modelo de análisis que siempre he rescatado, ha pasado de los sectores transformistas del NO a los sectores transformistas y aún más derechistas del SI. Del liberalismo socialdemócrata a la chilena, al neoliberalismo de la derecha neopinochetista y pinochetista.
En pocos meses, con la justificación de la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia, que poco a poco se ha ido transformado en seguridad a secas y luego en seguridad interior, dirigida justamente por el Ministro del Interior, el gobierno derechista ha comenzado a ejercer lo que todo gobierno y todo poder ejerce consustancialmente, la vigilancia y el castigo, la violencia institucional. Pero esta vez de modo más extendido y aún más extremo que durante los 20 años concertacionistas.
Todo comenzó con "el agresivo plan de limpieza de barrios críticos tomados por el narcotráfico" como tituló La Tercera el 5 de agosto del 2010. Y continuo con la descripción del matutino: "Con una fuerte ofensiva en la intervención de barrios tomados por la delincuencia y el narcotráfico, el Presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter lanzaron ayer la estrategia de seguridad ciudadana para los próximos cuatro años. El plan nacional, bautizado Chile Seguro, aglutina compromisos, cambios legales, planes focalizados y reformas que involucran prácticamente a todos los organismos y entidades públicas del país.
Entre éstos, destaca el plan Barrio en Paz. Implica intervenir integralmente 100 barrios críticos por el alto nivel de compromiso delictual o de tráfico de drogas. Según la estrategia, se proyecta incluir, sólo este año, 33 sectores residenciales y otros 15 de índole comercial. Con Barrio en Paz, el gobierno planea obtener indicadores objetivos del resultado de la intervención en los sectores vulnerables. (...) La idea es identificar cada sector vulnerado mediante una evaluación que se hará sobre la base de dos criterios: análisis de datos delictuales en cada comuna (dónde ocurren los delitos, dónde viven los delincuentes y dónde se realiza el comercio de drogas), y otra de datos proporcionados por cada municipio. La etapa de intervención dependerá del tipo de delitos más frecuentes en el sector, apuntando a restablecer la confianza,"reforzando los patrullajes preventivos y la fiscalización del comercio", añade el documento explicativo preparado por Interior. A ello le seguirá el control ciudadano, en que se crea la figura del encargado de barrio, que será "un funcionario capacitado y dependiente del Ministerio del Interior". Por esta vía se fomentarán los canales de denuncia anónima de narcotraficantes y delincuentes organizados.También se incrementarán los puntos de control policial al tráfico y los centros jurídicos de apoyo a la comunidad. Luego, se aplicará la etapa de prevención, en que participarán otros organismos de la red de apoyo social del Estado". Hasta aquí el gobierno y La Tercera.
Se podría analizar este Plan desde la perspectiva propiamente de la Seguridad Ciudadana, es decir desde el cúmulo de encuestas, estudios y datos duros, como así también de la efectividad de los Planes y Programas realizados por los gobiernos anteriores, sin embargo no es el objetivo de este artículo. Por una cuestión muy simple, deseo apuntar al fenómeno propiamente político que trasunta, como lo planteo claramente en el segundo párrafo.
La pregunta central es si esta intervención integral de 100 barrios críticos, de 33 sectores residenciales y otros 15 de índole comercial para el año 2010, si el reforzamiento de los patrullajes preventivos y la fiscalización del comercio, así como el control ciudadano, en que se crea la figura del anónimo encargado de barrio, funcionario capacitado y dependiente del Ministerio del Interior, sólo apunta a dar una lucha contra la delincuencia organizada o no es sino, un modo no tan sutil de vigilar y controlar a la ciudadanía en su conjunto y especialmente a aquella que no tiene relación con el mundo delictual organizado, pero si con la oposición al modelo neoliberal y en especial al gobierno derechista.
Porque las acciones que hemos observado en estos seis meses, de reactivación del control de identidad en las calles, de vigilancia sistemática en barrios, y a su vez de represión policial directa y en espacios de actividad nocturna, con las consecuencias de detenciones masivas en algunas grandes ciudades como Santiago y Valparaíso, tiene más que ver, muchísimo más que ver, con el control y la vigilancia a la ciudadanía en general, donde entre otros individuos y grupos de carácter delictual, se pueden sobretodo encontrar los individuos y grupos antisistema. Y llegar a esta conclusión es muy simple, porque resulta que el mundo del delito organizado y el narcotráfico hace mucho tiempo que ha sido detectado y focalizado. No es necesario realizar una vigilancia a la ciudadanía en general para controlar, detener y reprimir al mundo delictual. A menos claro está, que las políticas de inteligencia del estado y de las policías, no tengan ni la eficiencia ni la eficacia que dicen tener al respecto. Entonces, justamente por falta de focalización y datos durosTENGAN que salir a buscar al voleo a los delincuentes en barrios y espacios nocturnos y que más encima TENGAN a falta de las capacidades mínimas, que confiar en informantes anónimos.
Sumémosle a estas acciones ya nombradas los siguientes datos y relacionémoslos: las acusaciones del mismo Ministro del Interior al Partido Comunista y en especial a sus dos más altos dirigentes, de estar coludidos con las FARC, es decir de acusar a dos Diputados de la República de terroristas, a la permisividad al propio canal del Presidente Piñera, de realizar una entrevista al más grande criminal de Chile de todos los tiempos, Manuel Conterras, dándole la oportunidad que ya se quisiera cualquier preso rematado, de defenderse de su actos delictuales públicamente, de sentirse orgulloso de sus actos, de pedir indultos para su subordinados y presionar al ejecutivo y al judicial para realizar los que denominó un justo proceso o la prescripción de las causas para él y el alto mando de la DINA-CNI. Sigamos sumando. La estrategia de las fiscalías de la reforma procesal penal en torno al caso bombas y los grupos anarquistas, de establecer primeramente presunciones para detener a personas, para luego generar acusaciones determinadas. Probablemente, y no digo que así sea necesariamente, algunos de los detenidos saldrán en libertad sin cargo alguno, como ha pasado también con los presos mapuche acusados bajo la Ley Antiterrorista y como pasó con la documentalista Elena Varela. (Ambas situaciones bajo los gobiernos de la concertación, que poco y nada ha dicho públicamente sobre las complejas consecuencias sobre la ciudadanía del Plan Nacional Chile Seguro y del Plan Barrio en Paz): Al respecto y también como parte del reportaje de La Tercera: "Consultado sobre el nuevo enfoque, el diputado PPD y ex subsecretario de Interior, Felipe Harboe, dijo que "los logros estadísticos conseguidos en la estrategia anterior, permiten ahora imprimir políticas más locales. Sólo me preocupa cómo se van a seleccionar los barrios". Vaya gran oposición y mirada alternativa, democrática y progresista.
En relación al caso bombas como se ha nombrado en los medios, y sin conocer en detalle la opción y participación política de la hija de Viviana Uribe, Bárbara, y contemplando la carta denuncia de Viviana con respecto a la detención de su hija, puede perfectamente llegar a ser, dado la discrecionalidad de la operación, una nueva Elena Varela. Llama la atención de que Viviana Uribe sea precisamente hermana de una detenida desaparecida, Bárbara Uribe Tamblay y una estrecha colaboradora del CODEPU y que en el allanamiento de las policías se hayan llevado documentación de esa Corporación.
Desde mi perspectiva y desde mi análisis, y no es necesario ser un especialista en Inteligencia para afirmarlo, hoy en Chile se está configurando un Estado policial aún más profundo del que vivimos bajo los gobiernos concertacionistas y sino con la anuencia de la oposición socialdemócrata, al menos con un silencio demasiado prolongado, donde los actores transformistas de la derecha y no transformistas de la ultraderecha y la institucionalidad reformada del pinochetismo pero plenamente vigente en su espíritu, comienzan a tener preeminencia y un rol aún más notorio que en los últimos 20 años.
De alguna manera se preparan a corto plazo los reaccionarios a dar frente con todas sus herramientas ideológicas y armas, ahora en el poder del Estado, a las posibles protestas y explosiones sociales de múltiples sectores sociales, grupos y fracciones de clase, colocando a todos los opositores legales e ilegales en un mismo saco (aún cuando Hinzpeter afirme que su lucha no es proscripción a las ideologías, sino a los actos delictuales, "por probar" agregaría yo, lo que sí hace justamente que su lucha y represión sea a las ideas) y a largo plazo, a usar la Seguridad Ciudadana como punta de lanza, para tal como lo plantea el Presidente Piñera y su Ministro del Interior, "aglutinar compromisos, realizar cambios legales, planes focalizados y reformas que involucren a todos los organismos y entidades públicas del país", pero afirmo con cierto grado de certeza, no sólo en el ámbito de la lucha contra la delincuencia como ellos dicen, sino en el superior ámbito de la institucionalización de un Estado Vigilante frente a la diversidad ciudadana legal y legítima, y frente a todos los sectores, grupos y clases para ellos conflictivos y refractarios a su manera de entender, diseñar y gobernar Chile, para construir así en definitiva una Democracia de la Seguridad y el Control, subproducto ejemplar de la Democracia protegida de Jaime Guzmán. Es decir, la dictadura democrática de los reaccionarios.
En pocos meses, con la justificación de la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia, que poco a poco se ha ido transformado en seguridad a secas y luego en seguridad interior, dirigida justamente por el Ministro del Interior, el gobierno derechista ha comenzado a ejercer lo que todo gobierno y todo poder ejerce consustancialmente, la vigilancia y el castigo, la violencia institucional. Pero esta vez de modo más extendido y aún más extremo que durante los 20 años concertacionistas.
Todo comenzó con "el agresivo plan de limpieza de barrios críticos tomados por el narcotráfico" como tituló La Tercera el 5 de agosto del 2010. Y continuo con la descripción del matutino: "Con una fuerte ofensiva en la intervención de barrios tomados por la delincuencia y el narcotráfico, el Presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter lanzaron ayer la estrategia de seguridad ciudadana para los próximos cuatro años. El plan nacional, bautizado Chile Seguro, aglutina compromisos, cambios legales, planes focalizados y reformas que involucran prácticamente a todos los organismos y entidades públicas del país.
Entre éstos, destaca el plan Barrio en Paz. Implica intervenir integralmente 100 barrios críticos por el alto nivel de compromiso delictual o de tráfico de drogas. Según la estrategia, se proyecta incluir, sólo este año, 33 sectores residenciales y otros 15 de índole comercial. Con Barrio en Paz, el gobierno planea obtener indicadores objetivos del resultado de la intervención en los sectores vulnerables. (...) La idea es identificar cada sector vulnerado mediante una evaluación que se hará sobre la base de dos criterios: análisis de datos delictuales en cada comuna (dónde ocurren los delitos, dónde viven los delincuentes y dónde se realiza el comercio de drogas), y otra de datos proporcionados por cada municipio. La etapa de intervención dependerá del tipo de delitos más frecuentes en el sector, apuntando a restablecer la confianza,"reforzando los patrullajes preventivos y la fiscalización del comercio", añade el documento explicativo preparado por Interior. A ello le seguirá el control ciudadano, en que se crea la figura del encargado de barrio, que será "un funcionario capacitado y dependiente del Ministerio del Interior". Por esta vía se fomentarán los canales de denuncia anónima de narcotraficantes y delincuentes organizados.También se incrementarán los puntos de control policial al tráfico y los centros jurídicos de apoyo a la comunidad. Luego, se aplicará la etapa de prevención, en que participarán otros organismos de la red de apoyo social del Estado". Hasta aquí el gobierno y La Tercera.
Se podría analizar este Plan desde la perspectiva propiamente de la Seguridad Ciudadana, es decir desde el cúmulo de encuestas, estudios y datos duros, como así también de la efectividad de los Planes y Programas realizados por los gobiernos anteriores, sin embargo no es el objetivo de este artículo. Por una cuestión muy simple, deseo apuntar al fenómeno propiamente político que trasunta, como lo planteo claramente en el segundo párrafo.
La pregunta central es si esta intervención integral de 100 barrios críticos, de 33 sectores residenciales y otros 15 de índole comercial para el año 2010, si el reforzamiento de los patrullajes preventivos y la fiscalización del comercio, así como el control ciudadano, en que se crea la figura del anónimo encargado de barrio, funcionario capacitado y dependiente del Ministerio del Interior, sólo apunta a dar una lucha contra la delincuencia organizada o no es sino, un modo no tan sutil de vigilar y controlar a la ciudadanía en su conjunto y especialmente a aquella que no tiene relación con el mundo delictual organizado, pero si con la oposición al modelo neoliberal y en especial al gobierno derechista.
Porque las acciones que hemos observado en estos seis meses, de reactivación del control de identidad en las calles, de vigilancia sistemática en barrios, y a su vez de represión policial directa y en espacios de actividad nocturna, con las consecuencias de detenciones masivas en algunas grandes ciudades como Santiago y Valparaíso, tiene más que ver, muchísimo más que ver, con el control y la vigilancia a la ciudadanía en general, donde entre otros individuos y grupos de carácter delictual, se pueden sobretodo encontrar los individuos y grupos antisistema. Y llegar a esta conclusión es muy simple, porque resulta que el mundo del delito organizado y el narcotráfico hace mucho tiempo que ha sido detectado y focalizado. No es necesario realizar una vigilancia a la ciudadanía en general para controlar, detener y reprimir al mundo delictual. A menos claro está, que las políticas de inteligencia del estado y de las policías, no tengan ni la eficiencia ni la eficacia que dicen tener al respecto. Entonces, justamente por falta de focalización y datos durosTENGAN que salir a buscar al voleo a los delincuentes en barrios y espacios nocturnos y que más encima TENGAN a falta de las capacidades mínimas, que confiar en informantes anónimos.
Sumémosle a estas acciones ya nombradas los siguientes datos y relacionémoslos: las acusaciones del mismo Ministro del Interior al Partido Comunista y en especial a sus dos más altos dirigentes, de estar coludidos con las FARC, es decir de acusar a dos Diputados de la República de terroristas, a la permisividad al propio canal del Presidente Piñera, de realizar una entrevista al más grande criminal de Chile de todos los tiempos, Manuel Conterras, dándole la oportunidad que ya se quisiera cualquier preso rematado, de defenderse de su actos delictuales públicamente, de sentirse orgulloso de sus actos, de pedir indultos para su subordinados y presionar al ejecutivo y al judicial para realizar los que denominó un justo proceso o la prescripción de las causas para él y el alto mando de la DINA-CNI. Sigamos sumando. La estrategia de las fiscalías de la reforma procesal penal en torno al caso bombas y los grupos anarquistas, de establecer primeramente presunciones para detener a personas, para luego generar acusaciones determinadas. Probablemente, y no digo que así sea necesariamente, algunos de los detenidos saldrán en libertad sin cargo alguno, como ha pasado también con los presos mapuche acusados bajo la Ley Antiterrorista y como pasó con la documentalista Elena Varela. (Ambas situaciones bajo los gobiernos de la concertación, que poco y nada ha dicho públicamente sobre las complejas consecuencias sobre la ciudadanía del Plan Nacional Chile Seguro y del Plan Barrio en Paz): Al respecto y también como parte del reportaje de La Tercera: "Consultado sobre el nuevo enfoque, el diputado PPD y ex subsecretario de Interior, Felipe Harboe, dijo que "los logros estadísticos conseguidos en la estrategia anterior, permiten ahora imprimir políticas más locales. Sólo me preocupa cómo se van a seleccionar los barrios". Vaya gran oposición y mirada alternativa, democrática y progresista.
En relación al caso bombas como se ha nombrado en los medios, y sin conocer en detalle la opción y participación política de la hija de Viviana Uribe, Bárbara, y contemplando la carta denuncia de Viviana con respecto a la detención de su hija, puede perfectamente llegar a ser, dado la discrecionalidad de la operación, una nueva Elena Varela. Llama la atención de que Viviana Uribe sea precisamente hermana de una detenida desaparecida, Bárbara Uribe Tamblay y una estrecha colaboradora del CODEPU y que en el allanamiento de las policías se hayan llevado documentación de esa Corporación.
Desde mi perspectiva y desde mi análisis, y no es necesario ser un especialista en Inteligencia para afirmarlo, hoy en Chile se está configurando un Estado policial aún más profundo del que vivimos bajo los gobiernos concertacionistas y sino con la anuencia de la oposición socialdemócrata, al menos con un silencio demasiado prolongado, donde los actores transformistas de la derecha y no transformistas de la ultraderecha y la institucionalidad reformada del pinochetismo pero plenamente vigente en su espíritu, comienzan a tener preeminencia y un rol aún más notorio que en los últimos 20 años.
De alguna manera se preparan a corto plazo los reaccionarios a dar frente con todas sus herramientas ideológicas y armas, ahora en el poder del Estado, a las posibles protestas y explosiones sociales de múltiples sectores sociales, grupos y fracciones de clase, colocando a todos los opositores legales e ilegales en un mismo saco (aún cuando Hinzpeter afirme que su lucha no es proscripción a las ideologías, sino a los actos delictuales, "por probar" agregaría yo, lo que sí hace justamente que su lucha y represión sea a las ideas) y a largo plazo, a usar la Seguridad Ciudadana como punta de lanza, para tal como lo plantea el Presidente Piñera y su Ministro del Interior, "aglutinar compromisos, realizar cambios legales, planes focalizados y reformas que involucren a todos los organismos y entidades públicas del país", pero afirmo con cierto grado de certeza, no sólo en el ámbito de la lucha contra la delincuencia como ellos dicen, sino en el superior ámbito de la institucionalización de un Estado Vigilante frente a la diversidad ciudadana legal y legítima, y frente a todos los sectores, grupos y clases para ellos conflictivos y refractarios a su manera de entender, diseñar y gobernar Chile, para construir así en definitiva una Democracia de la Seguridad y el Control, subproducto ejemplar de la Democracia protegida de Jaime Guzmán. Es decir, la dictadura democrática de los reaccionarios.
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